Resulta paradójico que en “la casa del pueblo” esté prohibido estacionar bicicletas. Ni en la playa de estacionamiento, ni en ningún otro sector de la Legislatura, cuyos patios son muy amplios, se permite ingresar con ese tipo de rodados. La retórica política y de funcionarios en general se muestra bastante favorable a incentivar este medio de transporte, como práctica saludable, no contaminante, insonora, que ocupa un espacio muy reducido en las calles y colabora de manera significativa a descongestionar el caótico tránsito tucumano. Por todas estas razones se ha convertido en una tendencia mundial, y de varias ciudades argentinas, que acusan similares problemas de taponamientos vehiculares y en el traslado cotidiano en general, además de la contaminación del aire y sonora, y por ello se aplican fuertes políticas de fomento, entre ellas la provisión de distintos tipos de infraestructura para que el ciclista se sienta atraído a optar por esta alternativa de movilidad. Incluso, en algunas urbes existen hasta incentivos económicos, que terminan retornando en varias ganancias para la población en general: menos erogaciones en salud, menos accidentes, menos estrés en la circulación, menos aglomeraciones, menos gastos en combustible, entre otras ventajas para el bolsillo de los individuos y del Estado, además de los beneficios ya mencionados.
Hay ciertas inversiones en infraestructura que han incrementado notoriamente el uso de la bicicleta en todo el mundo, algunas costosas o inaplicables en algunas metrópolis, pero otras de sencilla y económica implementación.
En el caso concreto del Gran Tucumán, el desarrollo de ciclovías, además de oneroso, en ciertos sectores es irrealizable, como en las angostas calles del microcentro. Otras políticas de infraestructura, como la determinación o ampliación de espacios para estacionar bicicletas, en lugares seguros, protegidos del sol, y estratégicos para el usuario, es de fácil resolución y que no representa grandes desembolsos. Se trata, sobre todo, de la ausencia de decisiones políticas concretas.
Más retórica que acción activa, como decíamos al comienzo, y prueba de ello es la parva de leyes y ordenanzas aprobadas en las últimas décadas respecto de la implementación de medidas concretas o de fomento del uso de la bicicleta, pero que no se aplican.
Así como la Legislatura prohibe el ingreso de “bicis”, en la mayoría de las reparticiones públicas ocurre lo mismo.
“Hablamos mucho, somos muy progresistas, pero en los hechos desincentivamos el uso de la bicicleta, no hay un fomento ni acciones activas a favor del ciclista y ni siquiera te doy un espacio seguro para dejarla”, opinó el concejal Gustavo Cobos, en una nota reciente con LA GACETA, coautor de una mejora a una ordenanza de 2022, que regula el estacionamiento para estos rodados en la vía pública y en las guarderías privadas, que hoy no permiten el ingreso de velocípedos ni de monopatines. Respecto de las oficinas estatales en general, y de la Legislatura en particular, Cobos agregó: “Si desde el Estado no se da el ejemplo, ¿cómo podremos después exigirle al privado?”, en referencia a las guarderías particulares.
La ONG “Meta Bici” fue muy elocuente sobre este tema en reiteradas oportunidades, al resaltar que si un empleado, público o privado, no tiene donde dejar la “bici”, optará por otro medio de transporte, principalmente la moto, por una cuestión de costos, tiempo y comodidad.
Por el contrario, si la Legislatura permitiera el ingreso de “bicis” a su estacionamiento, siguiendo con el mismo ejemplo, en poco tiempo y progresivamente se vería el incremento de estos rodados en sus cocheras. Esto sucedió y sucede en todo el mundo, y Tucumán no puede ser la excepción.